| Summary: | La expansión del arbitraje privado internacional y el espectacular desarrollo de su autonomía ha llevado a plantear hasta dónde es posible que la justicia privada pueda llegar y cuáles son los contornos de la amplia autonomía de la que goza la institución arbitral en un contexto internacional. Para ello es imprescindible tomar como referencia el papel del orden público que, junto al de las normas materiales imperativas, han venido siendo considerados como los límites tradicionales al arbitraje. La gradual liberalización de las leyes de arbitraje y la proliferación de Instituciones que se rigen por sus propios Reglamentos no sólo acarrea una serie de provechosas ventajas que revierten en un mayor desarrollo y confianza en el arbitraje internacional, sino que también facilita la apertura de su denominado "lado oscuro". El riesgo de que éste pueda ser utilizado como un mecanismo privado de resolución de controversias en el que prevaleciendo intereses económicos o de otra índole se instrumentalice para evadir normas imperativas de los Estados afectados por la cuestión controvertida o en fraude de leyes de policía cuyos títulos de aplicación necesarios pretendan ser obviados. No obstante, en la actualidad, las relaciones existentes entre el orden público y el arbitraje han pasado de ser consideradas en clave de enemistad a definirse dentro de una armonía necesaria entre la justicia pública y la privada. Las tendencias deslocalizadoras y globalizadoras coetáneas exigen un nuevo replanteamiento del orden público en el arbitraje. La globalización no potencia ni posibilita que el arbitraje sea utilizado como instrumento de fraude, puesto que los árbitros aunque no tengan "lex fori" ni "lex causae", sí se encuentran compelidos por un cierto deber moral de respetar el orden público internacional de los Estados afectados y hacer su laudo ejecutable.
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